Uso de justificantes médicos falsos en el trabajo puede castigarse con prisión
Presentar justificantes médicos e incapacidades laborales falsos a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, obtenidos por internet o por cualquier otra vía, es una práctica que puede derivar en consecuencias legales e incluso penas de prisión. Si bien la Ley Federal del Trabajo (LFT) no obliga a la entrega de un certificado médico emitido por el Instituto para justificar ausencias, en la práctica es en el Reglamento Interior o el contrato donde se exige. Aunque en el caso de la incapacidad, esta sí debe ser emitida por el IMSS para sus efectos de validez.
Aun con ese requisito, hay personas que, en lugar de asistir a las unidades de medicina familiar, optan por comprar justificantes médicos por internet a nombre del Instituto. Las ofertas aseguran que los documentos llevan nombre y cédula de un médico, así como el logo del IMSS. Basta entrar a Facebook y buscar “justificante médico” en Marketplace para encontrar publicaciones como “Justifica tu falta laboral”, “Justificantes IMSS con cédula profesional y clínica”, “Incapacidades y recetas IMSS” o “Adquiere tu receta IMSS para tus faltas en el trabajo”, con costos que van desde los 65 hasta los 300 pesos. También existen páginas que ofrecen la plantilla para que el usuario la rellene con sus datos.
Estos documentos pueden constituir un delito con consecuencias legales graves. Expertos advierten que presentar documentación falsa puede derivar en sanciones administrativas, despidos y hasta penas de prisión, además de afectar la credibilidad e historial laboral. El especialista en derecho laboral Óscar Iván García Forcada, socio en Forcada Torres Abogados, recuerda que los justificantes médicos expedidos por el IMSS tienen validez legal ante el patrón; el problema es cuando no son emitidos realmente por el Instituto.
El patrón debe implementar protocolos de seguridad para confirmar la autenticidad de la incapacidad, solicitando al Instituto información sobre la misma. Si se demuestra falsedad, la LFT contempla la falta de probidad como causa grave que justifica el despido y puede considerarse delito. El artículo 1006 establece una pena de seis meses a cuatro años de prisión y multa de 125 a 1,900 UMAs para quien presente documentos falsos.
El Código Penal Federal y los códigos locales tipifican la falsificación y el uso de documentos falsos como delitos castigados con prisión. En la Ciudad de México, el artículo 339 del Código Penal local impone las mismas penas. El uso de justificantes falsos también puede configurarse como fraude procesal si se obtienen beneficios económicos o legales.
Los abogados penalistas recomiendan a las empresas verificar la validez de los documentos y, en caso de detectar falsificaciones, presentar la denuncia correspondiente.