Karla Paulina, madre de familia, interpuso una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial para que tres magistrados federales del Estado de México sean investigados tras haber otorgado la guarda y custodia de su hija de cinco años a su padre, Rubén, quien es deudor alimentario y está vinculado a proceso por sustracción de menores. Junto a otras víctimas de violencia familiar y vicaria, bloqueó Insurgentes Sur durante cinco horas para visibilizar el caso. Señaló que el padre sustrajo a la niña cuando tenía un año, manteniéndola ausente 12 meses, y que tras denunciar en 2022 obtuvo visitas semanales supervisadas. En 2023 detectó señales de violencia física y emocional en la menor atribuidas al progenitor. El 22 de enero de 2024 Rubén volvió a raptarla por seis meses, disparándose una Alerta Amber y requiriendo intervención de la FGR. Tras su localización, la custodia quedó con Karla mientras Rubén fue procesado; sin embargo obtuvo un amparo que le devolvió la tutela sin que ella fuera notificada. Criticó que los magistrados Alejandro Archundia, Mireya Meléndez y Claudia Dávila fallaron a favor de Rubén pese a su proceso y antecedentes de violencia, y denunció además violencia económica por falta de pago de alimentos. Manifestó que no entregará a su hija al padre, alegando ausencia de debido proceso, y confirmó que tras el bloqueo el Tribunal de Disciplina Judicial acordó revisar el caso.